Con mucha frecuencia escuchamos la cantaleta: el peor de los males de México, de la mano de la corrupción, es la impunidad. sin correlativos, correspondientes y a veces concomitantes. hoy vemos dos casos de corruptela cuya raíz existe o se ventila, según se vea, en instancias legislativas (y con ramificaciones hacia instituciones educativas). Por desgracia en México las investigaciones congresuales carecen de fuerza. Quizá tengan sólo una posibilidad de presión moral. Por eso es notable este primer caso.
Se trata de una información oficial del Senado de la República en la cual se le pide algo al Poder Ejecutivo y a la Auditoría Superior de la Federación: decidir e informar de una decisión. Y tratándose de la agónica Contraloría (o la secretaría de la (De) Función Pública), el caso adquiere más relieve.
Veamos:
“El Senado solicitó a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las conclusiones de la investigación derivada de la denuncia presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil en contra de Mony de Swaan Addati, por el posible ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
“En el dictamen se menciona que quien fue presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) “autorizó o celebró adquisiciones de productos y servicios con los que ya contaba” este organismo. Se agrega que también “asignó contratos a un proveedor que, conforme a las propias reglas de la Comisión, previamente había sido descalificado”.
“Se señala que la Cofetel realizó diversas adquisiciones por adjudicación directa con la Universidad Autónoma del Estado de México y del 12 de julio al 31 de diciembre de 2011, “ejerció una cantidad máxima total en contratos con la FONDICT-UAEM por 38 millones 967 mil 406 pesos y en 2012 la cantidad de 23 millones 545 mil 310 pesos.
“Dicho organismo, se agrega en el punto de acuerdo aprobado, celebró un contrato plurianual con la empresa ENAPSYS MÉXICO, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un monto de 52 millones 379 mil 716 pesos, pero “este proyecto tiene por objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en los años 2011 y 2012 a la FONDICT-UAEM”.
“Además, a esta empresa se le otorgó el contrato aun cuando ya había sido declarada como una propuesta descalificada y desechada en el Acta de Notificación de Fallo emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Coordinación General de Administración de la Cofetel.
“En este contexto, el 6 de noviembre de 2012, la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del PT, denunció ante la SFP, la ASF y el órgano interno de Control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Mony Sacha de Swaan Addati y demás servidores públicos que resulten responsables, por el posible incumplimiento de sus obligaciones y ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
“Al respecto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya expresó que en un régimen que se precie de ser democrático “es inaceptable pasar por alto, omitir e investigar cualquier indicio, por mínimo que sea, de un posible acto de corrupción cometido al amparo de un cargo público”.
Por otra parte es imposible no reparar en el sainete de millones extraviados en el cual ha incurrido la Asamblea Legislativa del Distrito federal cuyo presidente tira palos de ciego en la búsqueda de una explicación y no atina, como antes decían a dar pie con bola. Parece jugador de Nueva Zelanda.
“Como si se tratara de darle un toque de sarcasmo al caso de las anomalías en los fondos de becas que administraba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (SDP), ahora dicen que desaparecieron los documentos en los que se registró el uso que se dio a 250 millones de pesos.
“Los tres empleados implicados en el fraude con fondos para becas son los señalados de la desaparecieron de los informes que documentaban el manejo de ese monto en los años 2011 y 2012.
“Y es que el presidente de la Comisión de Gobierno de ese órgano legislativo, Manuel Granados, dijo a Reforma que en una reunión de la Comisión de Gobierno celebrada en enero (sin precisar en qué día) se solicitó dichos reportes a Miguel Ángel Zamorano, Francisco Javier Navarrete y Javier García Olvera, pero éstos dijeron que no los tenían.
«Las tres personas denunciadas por hechos constitutivos de un delito cometido este año, administraban el fideicomiso desde su creación. Entonces, la administración correspondía a ellos, ellos deberían tener la información, archivos, listas de beneficiarios”, indicó en entrevista con Reforma.
«Cuando nosotros, la Comisión de Gobierno de la Sexta Legislatura, les solicitamos la información, simplemente dicen: ‘no hay’, y eso genera molestia entre los diputados», dijo”.
Molestia entre los diputados. ¿Y eso significa algo? Quizá sea el enfado por no haber sido invitados a la fiesta, pero si en el mar de la corrupción sólo navega el barquito de la molestia de los diputados, pues hechos estamos. Hechos.
