Militares, justicia y Derechos Humanos

Si, pues. Fue para los defensores de todo lo defendibles, una cubeta de hielos sobre la cabeza.

“El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los últimos tres de los ocho militares involucrados en la muerte de 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.

“El Ministerio Público Federal señaló que considera “haber ofrecido los elementos de prueba suficiente para que se procesara a los tres elementos militares”, sin embargo el tribunal determinó que Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides son inocentes de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo.

“En marzo pasado integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que representan a las sobrevivientes de la balacera registrada en una bodega del municipio de Tlatlaya, indicaron que un juez militar absolvió de los delitos militares a los implicados en este caso, a los cuales se les imputó el delito de infracción de deberes.

“En octubre de 2015 un juzgado federal concedió la libertad a cinco de los ocho inculpados, a pesar de que de acuerdo con los peritajes realizados por la PGR al menos nueve personas de un total de 22 habrían sido ejecutadas, esto a pesar de que según indagatorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta 15 de las víctimas habrán sido abatidas a mansalva. La Procuraduría General de la República (PGR) informó la noche de este viernes que el tribunal antes mencionado “desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos referidos.

“Conforme al marco legal vigente la PGR acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.

“Asimismo, indicó que con esta resolución judicial a su favor los tres efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán puestos en libertad y abandonarán la Prisión Militar número 1-A, que se localiza en la ciudad de México”.

Obviamente esto derriba los reportajes de Squire y Associated Press cuya condición de medio informativos fue elevada a las alturas de prueba máxima. Y también derriba la incitación al malestar contra las Fuerzas Armadas.

A partir de la intervención del grupo de expertos de la OEA, la insistencia de resolver el caso Iguala, cuya tendencia corre en paralelo con la de este zafarrancho en Tlatlaya, como un crimen de Estado en el cual habrían estado presentes (así fuera, paradójicamente, por ausencia) los soldados y sus mandos, se acentuó.

Esta sentencia diluye un poco la presión jurídica, aun cuando no abatirá la presión mediática ni el furor de los “defensores” de todas las causas defendibles habidas y por haber. Por el contrario, quienes empujaron para lograr juicios civiles para los soldados y prácticamente extinguir el fuero militar, tampoco ahora se mostrarán satisfechos.

TUCA

La exhibición airada del “Tuca” Ferreti,  una cartera negra cuando el árbitro de la Federación Mexicana de Futbol le metió la guillotina a su equipo, los “Tigres” de la Universidad de Nuevo León, nos debería llevar a un  escenario no atendido antes por los promotores de la ley “3de3”. Los silbantes (como les dicen en la crónica deportiva) deberían también estar sometidos al escrutinio público.

También, creo yo, lo deberían estar los ministros del culto y los administradores de fundaciones filantrópicas de la asistencia privada. Y de paso los empresarios y hasta los promotores de la transparencia a ultranza.

Porque la transa no se hace nada más en el gobierno. Los sobornos y los pagos caen toda la vida en el sector empresarial, cuya moralina desde algunas organizaciones pías, a veces ya harta. No por innecesaria sino por hipócrita.

TIO LOLO

Llegan de nuevo los “centeístas” y se plantan en  Bucareli. Ya es su condominio.

Y cuando en lugar de retirarlos por obstruir el tránsito y hasta propiciar aumentos en la contaminación contingente se les trata como piezas consagradas de la libertad de manifestación, expresión, opinión y cuanto hay, la izquierda, le pide a la ciudad (Barbosa dixit) garantías para no convertir los ciudadanos en rehenes de los protestantes.

¿Quién entiende? un día lanza a la palestra a Miguel Ángel Mancera como salvador de la causa desde la presidencia, y al otro le exige lo imposible.

Ser poblano no autoriza (tantas veces) hacerse camote.