Calderón y el crimen organizado

Ensaya una vez más el Presidente de la República una fórmula directa de relacionarse con los ciudadanos: la entrevista colectiva, directa, sin intermediarios y sin programa. “Ad utrúmque paratus”, dirían los latinistas trasnochados; o sea hasta donde lleguen las cosas. Conversación con varios al mismo tiempo. Sicodrama a la manera de Edward Albee; terapia de grupo, le llamaría un analista.

Desastre, caos a fin de cuentas, riesgo innecesario, exhibición infructuosa, diría un escéptico. Compromisos sin viabilidad, evasivas sin redención, diría un malqueriente. Ejercicio democrático con todos los riesgos y los beneficios de la libertad.

Usted escoja su definición, pero si ya había probado el Presidente Calderón el acíbar del reclamo cara a cara en la voz de doña Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, ahora enfrenta el rechazo y una demanda similar de acción en lugar de oratoria, esta vez por parte de un joven estudiante del Tec de Monterrey.

En ambos casos la airada petición ha sido la misma: justicia ante los asesinatos de personas ajenas al conflicto derivado (directa o indirectamente) del combate al narcotráfico y sus consecuencias.

Joel Gastélum, en una asamblea abierta, con un formato más de campaña electoral sin aparente provecho como no pueda ser la penitencia, le dijo al Presidente:

“Exigimos que se deje de discursos y se esclarezcan las muertes de civiles provocadas por el crimen organizado en enfrentamientos con las fuerzas militares, como las de nuestros compañeros del Tec (…) y otros civiles, porque tanto su secretario de Gobernación como usted, llevan días diciendo que nos van a entregar un informe y éste no ha aparecido. Queremos saber qué pasó con esas muertes”.

En el airado coro de los reproches también se dijo:

“El paradigma está totalmente equivocado. El enfoque no es policiaco militar; nosotros creemos que debe estar enfocado; usted debió haber empezado con toda esa media hora que habló de plazas y de narcos y de nombres, debió haber empezado con todos los programas hablando de todos los programas sociales que ahora están implementando… queremos preguntar qué tan razonable es esto de reducirlo a un asunto exclusivamente policíaco-militar.

“Ya van 22 mil muertos, ¿cuántos más, cuántos más faltan, cuál va a ser su saldo? (…) es necesaria la reducción de los daños, el combate a daños colaterales”. Y para colmo de la terapia, la reunión con algunos padres de los niños asesinados en la guardería ABC de Hermosillo, con todas las consecuencias para quienes sobrevivieron a las heridas graves, y a quienes un año después se les prometen investigaciones con apremiante y definitiva celeridad.

¡Sopas!, le dijo Aquiles a la tortuga.

–¿Le sirven al Presidente estas aparentes demostraciones de estoicismo? Si, sí lo creo. Son expresiones catárticas en el sentido de la limpieza. Son sacudidas o deberían serlo, o como dicen en ciertas terapias, “sillas calientes”. Reprimendas, actos de contrición pública.

Útiles quizá en lo personal, pero estériles como política de Estado.

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Y el asunto del Ejército vuelve a estar en la primera línea de los análisis, no solo por la auto investigación de la muerte de los niños en Tamaulipas, despreciada por la madre de Bryan y Martín Almanza, sino por el famoso “marco jurídico” con tanta vehemencia solicitado cuya dictamen en el Senado terminó con una mezcla confusa y poco firme.

La cuestión de fondo no se elucida del todo. ¿Violan o no la Constitución los militares en la calle?

La Corte dice no. Entonces la Corte ya les había dado el marco solicitado. ¿No era suficiente? Pues entonces se debería modificar la Constitución para ajustarla a cuanto la Corte opina.

¿No? Entonces resuélvase en sentido contrario.

Las jurisprudencias tienen, de acuerdo con algunos tratadistas, el mismo valor de las palabras escritas en la Constitución, esas cuya sacralidad las hace indelebles, excepto si se hace un complejo proceso de votaciones mayoritarias en todos los congresos estatales con sesudas discusiones en el Congreso de la Unión, convertido en Constituyente Permanente.

–¿De dónde sale el criterio de la Corte en este sentido, y hasta dónde es contundente? Leamos “Cien decisiones relevantes de la SCJN”, editado por Porrúa.

“Por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que las Fuerzas Armadas –Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, y la Armada de México–, pueden participar, con estricto apego a la Constitución y las leyes, en acciones civiles a favor de la seguridad pública ante situaciones que no requieran la suspensión de garantías.”

–¿Cómo se actúa dentro de la Constitución cuando ésta nos dice casi el exacto contrario? Lo ignoro, pero aquí está esto:

“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Pero la Corte dijo más en el lejano marzo de 1996.

“El Supremo Tribunal estableció que las acciones que tiendan a la realización de la seguridad pública deben ser respetuosas del Derecho y de las garantías individuales. Las Fuerzas Armadas actuarán en ellas en obediencia a la solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, a las que deberán estar sujetas sin usurpar su esfera de competencia.

“Así el máximo tribunal consideró que son Constitucionales tanto la participación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles, como la intervención de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Publica, pues tales actividades se encaminan, precisamente, a evitar condiciones graves que obliguen a decretar dicha suspensión de garantías”.

En esas condiciones la Corte considera como finalidad esencial de todo sistema de Seguridad Pública la vigencia de las garantías individuales (base de los Derechos Humanos) consagradas en el texto constitucional.

–¿No le bastaba al gobierno federal esta tesis para aclarar cualquier inquietud por la salida de las tropas a sustituir a unas policías a todas luces corruptas e ineficientes? Por lo visto no. No le bastaba.

Pero además le han burocratizado facultades al presidente en esa minuta de Ley de Seguridad Nacional enviada por los senadores a la Cámara de Diputados.

En las atribuciones presidenciales (89) se dice:

“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente; o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior (yo lo subrayé) y defensa exterior de la Federación.”

Hoy la Constitución debería decir, siempre y cuando se lo soliciten y permitan los gobiernos de los Estados y lo admita el Consejo de Seguridad Nacional. Lo nunca visto, un procedimiento escalonado (con original y quien sabe cuántas copias) para movilizar a medias al Ejército, enviarlo desarmado a la refriega y hasta pedirle plazos para entregar resultados.

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Hace muchos años todos los aspirantes a poeta escribían su poema en heroica evocación de Tlatelolco. Sonetos, versos libres, elegías dolientes; responsos interminables. Octubre era el tema y la respuesta. Elliot se quedaba chico. Después la moda vino a ser la versificación funeraria sobre la muerte del padre (cosa ya hecha por Manrique en el siglo XV) en abierta imitación del Mayor Sabines.

Ahora, cuando se fatiguen los sociólogos y estudiosos de la migración y sus desventuras, los poetastros, aedas, bardos, similares y conexos van a comenzar la interminable escritura poética de las desventuras de los mexicanos en Arizona.

Pero mientras lo hacen o no vale la pena analizar, entre otras y por razones obvias, las opiniones del senador Manlio Fabio Beltrones y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

Dijo Peña en Washington sobre esas disposiciones contenidas en la ley Brewer:

“…son discriminatorias, racistas, xenofóbicas…faltan a los derechos humanos de manera grave y es el punto que hay que atacar, combatir, pues “atenta contra nuestros connacionales…

“…Y debemos reconocer también: en México no hemos estado a la altura de producir una dinámica económica que genere oportunidades y posibilidades de desarrollo individual a todos sus ciudadanos”.

Y Beltrones le escribió al vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden:

“Es por eso deplorable la legislación SB 1070 que podría entrar en vigor en 90 días en Arizona, que inevitablemente generará incomprensión y distanciamiento entre nuestros pueblos… esta legislación y similares podrán ser revocadas en el marco jurídico de ese gran país haciendo prevalecer la salvaguarda de los derechos humanos”.

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Oaxaca es el único lugar donde el PT y su líder no han abandonado las alianzas. Oaxaca es el único estado donde las elecciones ya tienen un prologo sangriento. Le preguntan a Ulises Ruiz sobre los triquis y las elecciones y la pendencia interminable y la lejana paz.

–El asunto de la zona triqui –dice– se va a resolver en el momento en que se firme el acuerdo de paz, por eso insisto yo que al margen de encontrar y castigar a los culpables de los hechos lamentables que se sucedieron y de otros más que se han sucedido en la zona trique… –

– ¿Esto afectaría las elecciones?

— No. Es un asunto que no es nuevo, tiene más de 40 años la situación que se presenta en esta zona, no es un asunto de coyuntura electoral, es un asunto que va mucho más allá de las elecciones, repito, es el que podamos resolver, ponernos de acuerdo, mostrar la voluntad para firmar estos acuerdos de paz que no tienen nada que ver con el proceso electoral.

Ojala y no se politice, ojala no haya señalamientos que quieran revolverlo, es un asunto delicado, sensible que tenemos que respetar tanto el gobierno como los partidos políticos”.