En plena temporada, con el puerto de Acapulco, entre otros lugares, repleto de vacacionistas, el ululato inútil de la alerta sísmica (tan inservible como los simulacros y demás), asusta a las personas sensibles y les recuerda a muchos los daños ocurridos en los sismos del pasado septiembre y nos vuelve a traer a la discusión todo aquello cuanto la noticia principal de ayer de este diario nos aporta: ocho mil personas perdieron sus casas en la ciudad de México, por causa de los terremotos.
Y a cambio de eso ya tienen una Ley de Reconstrucción.
México es un país propenso a las desgracias naturales. Una gran parte del territorio nacional tiene intensa y permanente actividad sísmica. Sus zonas costeras sufren con frecuencia el impacto de tormentas y huracanes y el desorden corrupto de la construcción no planificada o mal planificada, nos pone en situación de vulnerabilidad constante.
Y hay otro ingrediente agravante: la incapacidad de los mexicanos para aprender. No de los errores ajenos, de los propios. Construimos donde no se debe y cuando las fuerzas naturales arrasan la cañada (la delegación Álvaro Obregón, por ejemplo) , por ejemplo, o inundan las zonas deprimidas (como en el Valle de Chalco o en Cuautepec), repoblamos sobre el mismo suelo en lugar de trasladar a la gente.
A fin de cuentas las “desgracias naturales” no deberían afectar a nadie si no hubiera asentamientos humanos. Si no hubiera casas en la planicie casi lacustre de Tabasco, no se inundaría Villahermosa cada año. Con todo y el talento tan abundante en ese estado, a ningún tabasqueño se le ha ocurrido hacer la ciudad sobre palafitos.
Por eso, como decía Carlos Pellicer, con el agua a las rodillas vive Tabasco. Y seguirá.
En la ciudad de México la carencia de vivienda es un hecho cotidiano. Ni se si habrá variado la estadística, pero de acuerdo con datos disponibles, sólo tres de cada diez personas en la CDMX son propietarias de su domicilio. Es una ciudad de renta.
Y muchos de los dueños viven hipotecados.
Pero a raíz de las desgracias sísmicas, se extiende la creencia de una responsabilidad del gobierno en cuanto a la disponibilidad de vivienda. Y todo se deriva de un párrafo en la constitución, en el cual se detalla el derecho a la vivienda como uno más de aquellos sin los cuales no se es humano.
Derecho a la vivienda no significa obligación del Estado de proporcionarle una casa a cada mexicano. Esa es una patraña jurídica, tan real como el déficit habitacional en el país. Son derechos invocados, prefabricados, pero no cumplidos.
El Estado puede ser un facilitador mediante instituciones como el Infonavit, por ejemplo, o los fondos del ISSSTE o de las Fuerzas Armadas. Pero regalarle una casa a cada hijo de la patria nada más por haber nacido en esta tierra, es una utopía populista imposible de realizar.
Y ahora lo vemos en el asunto post sísmico.
Yo ignoro si algún experto en Derechos Humanos me lo pueda explicar; pero simplemente ni entiendo por qué el gobierno le debe resolver su problema a un señor cuya casa se cayó en un terremoto. Es como si le cae un rato a su automóvil y organiza a sus vecinos y se afilia al PRD o a Morena para lograr auto nuevo.
Por ahora no lo conseguiría, pero en cuanto avance el sistema proteccionista; cuya satisfacción es garantía electoral para los partidos populistas (todos, incluyendo el PRI), verá satisfecho cómo el gobierno se convierte en una especie de aseguradora para protegerlo todo.
Si hay un sismo y me cae el techo encima, quiero becas para mis hijos, casa nueva, techo renovado y mobiliario gratuito.
Por eso es posible leer informaciones como esta:
«No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es volver a mi casa” entonaban los damnificados del Multifamiliar Tlalpan durante su cena navideña; esa que tuvieron que llevar a cabo en la calle debido a que no tienen un lugar en donde vivir, esto luego de que su edificio se derrumbara tras el sismo del 19 de septiembre.
“Es la primera vez que no pueden celebrar la fiestas decembrinas en su casa, ahora, el centro de reunión fue su campamento improvisado que está a unos metros de lo que alguna vez llamaron hogar.
“Con sonrisas disimuladas pero con una tristeza que se percibía a primera vista, cerca de 100 personas —todas damnificadas— salieron a las calles para convivir y celebrar Navidad.
“Desde hace tres meses, quienes viven en el albergue, dicen, han formado una familia. A más de 90 días de la catástrofe siguen esperando respuestas acerca de su futuro”.
Y uno se pregunta, estos grupos son quienes se oponen a una política de créditos? ¿También la casa perdida se las había proporcionado el gobierno, como ahora quieren?
Son los excesos del Estado Benefactor. Termina por no ser ni lo uno, ni lo otro.
