Quizá por la tradicional presencia de los capellanes entre las tropas o la forma tan notoria como aparece Cristo en la simbología castrense (al menos en la capilla de Legaria, tan cercana a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde el Buen Jesús conforta a un soldado moribundo, con todo y el fusil de asalto), pero el caso es muy simple y muy oportuno para la intromisión clerical en los asuntos políticos: los sacerdotes, los de esta Arquidiócesis tan renovada, ya se metieron con la ley de Seguridad Interior, y lo hicieron como hacen sus “soldados” desde las organizaciones jesuíticas de Derechos Humanos: en contra.
Veamos esta reciente infracción constitucional del impune clero:
“(Regeneración).- La Iglesia católica mexicana declaró que la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desgasta la credibilidad en los militares y no acaba con la corrupción, e instó a reforzar los cuerpos policiales.
“Las Fuerzas Armadas gozan de la mayor credibilidad entre todas las instituciones del país; sin embargo, el desgaste de los elementos castrenses incide en esta pretendida eficacia de una guerra que debe combatirse a través de otros elementos debidamente calificados”, indicó la Arquidiócesis de México en vísperas de la nochebuena.
“En un editorial publicado en el semanario Desde la Fe, la Iglesia instó a que esta nueva ley sea “efectiva” y considere “la progresiva y adecuada intervención de fuerzas civiles dotadas de tecnología y profesionalización”.
“Por ello, la Ley de Seguridad Interior debería “cubrir cualquier laguna porque nada en este tema debe darse por sentado o por libre interpretación, y menos al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales”.
“Por último, la Iglesia católica instó a “vencer la corrupción y la impunidad”, y remarcó que los militares en las calles “aminoraron un camino hacia el desastre”, pero no son la solución.
“Recordó además que las estrategias de seguridad “son cuestionadas por las cifras que cuestan a una sociedad agobiada por la violencia”, mientras aumentan los delitos de alto impacto.
“El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el jueves pasado la Ley de Seguridad Interior, pero dijo que no emitiría ninguna declaratoria de seguridad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera sobre su constitucionalidad.
“El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia.
“Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando desde 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico, para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 230 mil muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30 mil desaparecidos en este periodo”.
De esta forma la Iglesia cierra el círculo. Si bien su reconocimiento de cómo los mexicanos perciben al Ejército es benévola, la otra mano busca la siguiente mejilla. No han servido para contener la violencia.
No, ni ellos ni nadie.
De todo esos argumentos hay uno sobre el cual se debe plantear una consideración: la alianza política cuyo, perversidad permitió el crecimiento y desarrollo de los grupos delictivos y el freno en el camino al desastre representado por los militares.
Si las armas y su fogosa elocuencia detuvieron el camino al precipicio, bien resultaría darles un soporte jurídico para seguirlo haciendo, con todas las ventajas para la “sociedad civil”, como es el requisito de la declaratoria y el aviso oportuno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la temporalidad pactada de los “operativos” (operaciones) militares.
Sin embargo las críticas a la llamada militarización ya “prendieron”. Una vez más la fraseología ha derrotado a la verdad. Una vez más el rumor venció al contenido y el chismerío sustituyó a la comunicación.
Todos compraron la palabra militarización.
Una de las más perversas mentiras reside en la fecha misma de la ley. Ya se echó a correr el borrego: se trata de garantizar la perpetua presencia militar en las calles para sofocar las protestas sociales cuando venga el fraude electoral desde ahora en preparación.
Esos argumentos suponen varias dotes adivinatorias. La primera, la elección será tan desfavorable para el gobierno actual (PRI), como para obligar a un fraude electoral.
¿Quién se ha quejado sistemáticamente de fraudes electorales no comprobados? Pues ya sabes quién.
¿A cuál de las opciones políticas se debe frenar “aplastando al pueblo” o “bañándolo en sangre”, como dice Solalinde (también sacerdote activista)? Pues ya sabes cuál.
¿Quién prefiere un pacto con la delincuencia en lugar de su derrota legal?
Pues ya sabes quién.
¿Cual de los obispos mexicanos dijo esto hace un par de días?: “…en las elecciones federales de 2018, “Morena representa sin duda la esperanza para México frente al desastre del país”.
“También advirtió que todos los partidos políticos carecen de credibilidad por ser responsables de la crisis política, social y económica del país.
“Luego acusó que el incremento en el precio de los combustibles ha provocado un mayor sufrimiento al pueblo, a pesar de las promesas del gobierno federal de detener cualquier incremento tras la aprobación de la reforma energética”.
Pues ha sido el obispo emérito de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, Arturo Lona Reyes.
