El comandante venezolano manipuló al Tribunal Supremo al ampliar de 20 a 32 el número de magistrados, la mayoría fieles al régimen; en Bolivia el líder cocalero desmanteló el Tribunal Constitucional y propuso que los ciudadanos eligieran a los jueces, lo que se concretó en el 2011. Ambos sistemas que eliminaron la autonomía del Poder Judicial son guía del huésped de Palacio Nacional
La defensa de la democrática que alguna vez pregonó el populista presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su estandarte político se desvaneció una vez que llegó a la presidencia, donde el eslogan de Cuarta Transformación que presume y del que hacen eco sus allegados ha exhibido más retrocesos que avances en lo económico, la salud, seguridad pública y programas sociales, siendo un punto esencial en esta administración la manipulación que ha hecho el huésped de Palacio Nacional del Congreso de la Unión (diputados y senadores) y sus ataques contra el Poder Judicial, en particular contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes por no respaldar sus órdenes se ha desatado una ola de ataques, acoso y acusaciones infundadas. Esta agresión con intención de sometimiento a la Corte no es idea que haya surgido de alguna reflexión del mandatario, ya que se trata de una burda copia de lo que en su momento hicieron contra los Tribunales de sus países el dictador venezolano Hugo Chávez en 2004 y el autoritario boliviano Evo Morales en 2006.
VENEZUELA Y EL CONTROL DE LOS JUECES
Las trabas que enfrentó Hugo Chávez para llegar a la presidencia le dieron fuertes dolores de cabeza, hasta que finalmente su oferta de mejores condiciones de vida mediante programas sociales que ayudarían a los más pobres del país y la nacionalización de empresas en poder de extranjeros le valieron la simpatía ciudadana para gobernar desde el 14 de abril del 2002 hasta el 5 de marzo de 2013.
Desde que asumió el Ejecutivo el comandante Chávez comenzó a gestar el control de las instituciones y de la Asamblea Nacional (Congreso de la Unión) para sacar adelante sus iniciativas y reformas a leyes, así como la modificación de la Constitución Bolivariana que le permitiría perpetuarse en el poder hasta su muerte. Sin embargo, uno de los obstáculos que enfrentó era el desafió de una institución, el Poder Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al que no podía controlar y que incluso en varias ocasiones frenó leyes que fueron declaradas inconstitucionales.
En mayo de 2004 Chávez asesta un duro golpe al TSJ cuando la Asamblea Nacional presionada por el mandatario, algo similar a lo que por coincidencia ocurre con diputados y senadores de Morena en México, sancionó la nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia que tenía dos objetivos: primero, establecer un procedimiento sin trabas para sancionar con suspensión de labores o el acoso e incluso la persecución a magistrados que no se alinearan con las órdenes chavistas.
El segundo objetivo que se concretó y que fue clave para los intereses de Chávez fue aumentar el número de magistrados de 20 a 32, siendo la mayoría de ministros fieles adeptos del chavismo, que sin vacilar y sin quitar una coma en las propuestas enviadas daban el visto bueno, lo que tenía contento al mandatario y que dejó en evidencia desde aquel momento que la autonomía del Poder Judicial se había perdido, algo que ahora persigue la 4T.
Así como en México el rebaño morenista le rinde tributo a su pastor con el cántico “es un honor estar con Obrador” en presencia del mandatario, en Venezuela episodios similares ocurrieron para enaltecer el ego del dictador, como ocurrió en el inicio del 2006, cuando los magistrados del Tribunal Supremo se levantaron de sus asientos en la Sala del Pleno y en presencia de Chávez corearon el cántico «¡Uh, ah, Chávez no se va!», lo que confirmó que Venezuela había perdido todo signo democrático y estaba en una etapa dictatorial, con total parcialidad política de los magistrados y de la Asamblea Nacional donde se perdió toda legalidad y autonomía y donde quedó en evidencia que la corte estaba al servicio del régimen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió exhortos a Chávez para no atentar contra la democracia y no interferir en las labores transparentes del Poder Judicial. La organización Human Rights Watch se sumó a estas críticas contra Chávez por interferir en el Tribunal Supremo y manipular las decisiones de la corte.
Por supuesto que Hugo Chávez ignoró estos llamados y a través de su programa televisivo y por radio en cadena nacional “Aló Presidente”, criticó estas intromisiones a la soberanía de Venezuela, un guión que también copió López Obrador en una de sus conferencias al rechazar críticas internacionales.
EVO DESMANTELA LA CORTE EN BOLIVIA
El caso Bolivia tiene los mismos tintes de manipulación de las instituciones y lleva la etiqueta chavista, toda vez que el comandante venezolano asesoró a Evo una vez que éste llego a la presidencia.
Evo Morales asumió la presidencia en enero del 2006 y desde ese momento siguió la instrucción de Chávez. A partir del 2009 y luego de presiones desde las cámaras de diputados y senadores el país andino pasó a denominarse Estado Plurinacional de Bolivia, luego de un proceso irregular avalado por la Asamblea Constituyente (Congreso) y que eliminó los cimientos democráticos de una República y del Estado de Derecho.
La manipulación de las instituciones y de la Asamblea Constituyente en el régimen de Evo no valieron para catalogar a su administración como una dictadura, pero si se ganó la etiqueta de “autoritarismo”.
Al igual que en Venezuela, la institución que representó un obstáculo para las intenciones del líder cocalero desde el inicio de su gobierno fue el Tribunal Constitucional (Corte Suprema) que rechazó iniciativas violatorias a procesos democráticos y del Estado de Derecho, por lo que el mandatario boliviano, asesorado por Chávez organizó un sistema para manejar a su conveniencia a los magistrados del Tribunal.
La estrategia era sencilla, forzar la renuncia de los magistrados mediante acoso y acusaciones infundadas por presuntamente participar en actos corruptos, lo que ponía en duda su ética y transparencia, además de que a los ojos de los ciudadanos era un acto condenable, aunque esto tardará en comprobarse o desmentirse.
La medida funcionó y derivó en renuncias de magistrados o por presiones fueron separados de sus cargos. Estas salidas permitieron a Evo someter al Tribunal Constitucional y toda actividad de la corte, con lo que se frenaron decisiones contrarias a los intereses presidenciales, además de que no se designaron a nuevos jueces, lo que evidenció que el objetivo era desmantelar esta representación del Poder Judicial.
MAGISTRADOS SOMETIDOS
Ya para el 2007 la Corte operaba solo con siete de sus 12 ministros, ya que cinco jueces renunciaron por presiones del gobierno, persecuciones, amenazas y por el inicio de procesos de juicios por responsabilidad al tomar decisiones en contra de leyes impulsadas por el gobierno y que desde la sede del régimen se acusaba que el falo de la Corte respondía a intereses particulares (similitud con lo que busca AMLO al atacar a la SCJN por no avalar sus reformas inconstitucionales).
En 2007 el Tribunal ya no contaba con quórum al estar solo en funciones dos jueces suplentes. Para el 2008 sólo quedó un magistrado.
En 2009 con las modificación que se hicieron a la nueva Constitución de Bolivia, se estableció un esquema para elegir a los jueces del Tribunal mediante el voto ciudadano, algo inédito y que sólo se aplica en Bolivia y que ahora el populista Andrés Manuel López Obrador, por capricho, quiere copiar para someter a la Suprema Corte.
El acto consumado de Evo Morales para controlar al Tribunal Constitucional Plurinacional en el que los ciudadanos eligieron a los magistrados se registró el 16 de octubre de 2011, con lo que nuevamente la democracia fue violentada y el Poder Judicial perdió autonomía y legalidad.
Después de este proceso, en 2013 vendría la prueba de fuego que exhibiría si el Tribunal estaba realmente a las órdenes del régimen y habría que decidir sobre una segunda reelección del mandatario.
Contrario a lo que mandaba la Constitución, que sólo se permitía una reelección, ahora los jueces actuaron de forma directa y sencilla y con sus argumentos dejaron contento a Evo, ya que dieron su consentimiento para una segunda reelección al señalar que la nueva Carta Magna y sus leyes lo permitían.
La experiencia en Venezuela con Chávez al manipular al Tribunal Supremo y ampliar el número de magistrados fieles a la dictadura, y el proceso en Bolivia con Evo, quien desmanteló la Corte para frenar toda reforma enviada para su aprobación, acosar a magistrados y obligarlos a renunciar, así como someter la elección de los jueces con el voto ciudadano, son las guías que actualmente el huésped de Palacio Nacional trata de aplicar en México para hacer valer sus caprichos, sin importar que el Estado de Derecho y la legalidad democrática sean atropelladas como acostumbra cotidianamente.