Por Guillermina Gómora
Terror, violencia e inseguridad campean en Guerrero, bajo la complacencia de las autoridades que son calificadas por sus gobernados como un desastre. La crisis que se registra en la entidad se ha vuelto incontrolable en algunos municipios donde han aparecido las policías comunitarias, a quienes el mandatario estatal, Ángel Heladio Aguirre Rivero, les dio su aval el jueves pasado durante un recorrido por las comunidades de Tixtla al decirles: «Qué bueno que me ayuden a brindar seguridad».
Son grupos fuera de la ley, armados, sin reglamentación alguna, que surgieron hace más de 18 años, en la zonas de La Montaña y la Costa Chica, durante el gobierno de triste memoria de Rubén Figueroa, bajo el argumento de combatir a la delincuencia y las injusticias que asolaban a los habitantes de la región de escasos recursos, a quienes les robaban su ganado, que en muchos casos representa su alimento. Se asumen como protectores de los pobres y toman como bandera el descontento y desconfianza de la gente en las autoridades, que ralla en la desesperanza
Sin embargo, estos organismos de autodefensa no dan la cara, aparecen encapuchados, lo que distorsiona su origen y servicio ciudadano y los convierte en un grave problema de seguridad estatal y nacional. Al cubrir su rostro no se sabe con quién se trata y, en consecuencia, se le resta seriedad y credibilidad al diálogo, sobre todo si el tema es de seguridad, pues estos grupos están suplantando al gobierno en una función que de facto está obligado a brindar y garantizar. Obviamente en Guerrero se perdió el control, lo tomaron estas camarillas armadas que hacen justicia por su propia mano, que instalan retenes con cuota para quienes desean ingresar a las localidades y que en algunos casos se han dedicado a la extorsión (pago de piso) a empresarios o agricultores, sin que la autoridad haga nada, porque simplemente cedieron el poder.
Así, en este vacío de poder se ha politizado la justicia y uno se pregunta: ¿dónde quedó el estado de derecho? Urge corregir, reglamentar a las policías comunitarias, encauzarlas al marco legal a través del diálogo, sin capuchas; el que nada debe, nada teme. ¿O que esconden detrás de sus pasamontañas? ¿Por qué no dan la cara? Se quejan de la impunidad y actúan igual. Sin duda en la medida en que se regularicen y el Estado asuma la responsabilidad de garantizar la procuración e impartición de justicia, desaparecerá este poder alterno. Sentarse a negociar con encapuchados, resulta contraproducente para Guerrero y el país.
Por cierto, en Oaxaca, el gobierno de Gabino Cué declaró ilegal la policía social comunitaria, integrada por el alcalde de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar, integrada por 472 civiles armados, quienes asumieron la responsabilidad de la seguridad pública de la comunidad.
Aseguran que en sexenios anteriores se negoció con estas organizaciones para establecer un marco normativo de su actuación y bajo su proliferación, pero en los últimos 8 años su presencia y expansión está fuera de control; surgieron en La Montaña y hoy se cuentan más de 30 comunidades y municipios que han creado grupos de autodefensa. Todos con el mismo problema de fondo: la pobreza. Luego, entonces, ¿con qué recursos se compran las armas, se adquieren los pasamontañas o uniformes que utilizan algunos, se costean los operativos, se pagan las comidas, se instalan los retenes? Si no hay dinero para cubrir las necesidades básicas, cómo se financian. Se confirma entonces lo que aseguran los estudiosos del tema: que los financian organizaciones armadas clandestinas y que los usan para sus fines. Vaya riesgo nacional.
Pero eso no es todo, en Acapulco, un municipio en quiebra financiera, se registró el lamentable hecho de la violación a 6 turistas españolas y el robo al grupo con el que estaban vacacionando. Al respecto, el sagaz alcalde del puerto, Luis Walton, respondió: “eso pasa en todos lados”; es decir, la violación masiva de seis turistas en un destino de playa internacional es normal, no hay de qué espantarse, destruyendo así con esta irresponsable declaración todo el esfuerzo económico, publicitario y policiaco realizado para reposicionar al sitio como una opción de entretenimiento y descanso.
Dichos sucesos sirvieron también para evidenciar la mala relación, o “diferencia conceptual en la forma de gobernar”, como dicen algunos, entre el presidente municipal acapulqueño, Luis Walton. y el gobernador Ángel Aguirre. El primero lloriquea ante las cámaras para suplicar ayuda federal, y el segundo marca distancia y le hace al hombre invisible mientras se apaga el caso. No importa que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC ubique a Acapulco como la segunda ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo, con base en sus registros del 2012, que contabilizaron 143 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y ubica al estado de Guerrero como el primero en la lista de las entidades de México donde empeoró la violencia el año pasado, seguido por Coahuila.
Sin duda, resulta imperativo rescatar a Acapulco de la quiebra ética, moral y psicosocial en que se encuentra, además de la financiera. Los recursos que genera el municipio representan el 80% del Producto Interno Bruto del Estado; aporta también el 75% de los empleos. El puerto financia 79 de los 81 municipios, excepto a Ixtapa Zihuatanejo. Con estos números queda claro que se requiere una acción oportuna e inmediata de los tres niveles de gobierno para retomar el control de la aplicación de la ley y garantizar la seguridad, la convivencia y el progreso, a fin de conservar su principal fuente de ingresos y sustento, que es el turismo, y evitar que Guerrero se vaya al cabús del desarrollo.
Vericuentos
Justicia para todos
La aplicación de la ley no busca reflectores ni colgarse medallas, coincidieron en afirmar Emilio Gamboa, coordinador de los Senadores del PRI, y Javier Sicilia, al analizar la Ley de Víctimas. Durante el encuentro que sostuvieron, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reiteró que el dolor y la injusticia no es cuestión de partidos y que su fracción está dispuesta a buscar acuerdos con las demás fuerzas políticas en coordinación con la Cámara de Diputados para construir agenda y no legislar al vapor.
SOS Capufe
Ante las malas condiciones de seguridad, comodidad y calidad de las carreteras nacionales, la senadora del PRI Claudia Pavlovich propuso destinar en forma paulatina el 30 por ciento de los ingresos generados por costo de peaje para el mantenimiento, reparación y conservación de las mismas. La idea no suena mal, pues incluso propone exentar a los usuarios del pago de las casetas de cobro en aquellos tramos en que no esté garantizada la seguridad a la que obliga el título de concesión carretero, que podría retirarse si las empresas no cumplen con su obligación de mantener en buen estado las autopistas nacionales.
