Sin planeación previa, con improvisaciones, sin presupuesto específico para cubrir gastos de menaje, sin inmuebles establecidos aún para las nuevas sedes y dejar a su suerte al personal para que resuelvan por sus propios medios el obligado proyecto de descentralización, en este contexto, 23 de 28 secretarías de Estados que deberían estar ya en proceso de mudanza a sus nuevos centros en los estados del país siguen en compás de espera, principalmente por falta de presupuesto y la resistencia de miles de burócratas que no aceptan esta movilización, lo que significa que 90 por ciento de las dependencias que deberían cumplir ya con ese cambio podría no avanzar hasta después del 2024, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador busca acelerar este proceso para no ver afectado este compromiso de su administración.
De acuerdo con el Proyecto de Nación 2018-2024 que presentó el presidente López Obrador para trasladar a 28 secretarías fuera de la Ciudad de México, el costo de esta mudanza masiva sería por 127 mil 830 millones de pesos, esto, sin contar la Inflación de 8.7 por ciento reportada en septiembre de 2022, y con lo que según sus estimaciones alcanzaría para movilizar a más de 103 mil burócratas, lo que equivaldría a unas 411 mil familias, pero la falta del dinero para este proyecto y al destinar un mayor presupuesto para el Tren Maya y la Refinería en Dos Bocas lo ha frenado.
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De las 32 secretarías de Estado con que cuenta el Gobierno de México, sólo 28 quedaron registradas para entrar en el proceso de descentralización, y es que por orden del mandatario, las únicas dependencias que mantendrán su centro de operaciones en la capital del país por considerarlas dentro del rango de seguridad nacional son las de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De las 28 dependencias restantes que sí entran en el programa de mudanza solo cinco ya operan en sus nuevas sedes pero con actividades muy limitadas, ya que en su mayoría sólo los que han hecho acto de presencia son directivos y algunos jefes de área, toda vez que el resto del personal sigue con sus actividades en las oficinas de la Ciudad de México, y es que el problema para cambiar de residencia y no contar con presupuesto extra para ello ni con apoyo gubernamental para pago de renta de vivienda se ha colocado como uno de los grandes problemas para el traslado total.
VIGILANTE EN DOS BOCAS.
La Secretaría de Energía fue la primera en dar el paso hacia adelante y desde el 20 de agosto de 2019 ya opera de manera parcial en Villahermosa, Tabasco, y eso porque el presidente ordenó a la titular de la dependencia, Rocío Nahle, vigilar los trabajos en la Refinería Olmeca, en el municipio de Dos Bocas, en Tabasco. Otras secretarías que ya iniciaron a cuenta gotas su mudanza pero con muy limitada operatividad son las secretarías de Salud (Ssa) en Acapulco, Guerrero; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón, Sonora; la de Bienestar en Oaxaca y la Secretaría de Cultura en Tlaxcala.
Uno de los obstáculos importantes al que se enfrenta el gobierno de la Cuarta Transformación para avanzar con esta descentralización es la falta de apoyo económico para los más de 103 mil trabajadores que realizan el trabajo hormiga en las oficinas, y es que para concretar que se lleve a cabo la operatividad en forma, se requiere de la presencia de todos los funcionarios públicos y para ello necesitan garantizarles sus prestaciones, vivienda y lugares donde puedan continuar con la educación para sus hijos, algo que está fuera de las políticas de austeridad, por lo que este cambio se ve lejano y más allá del actual sexenio.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2023, el Gobierno Federal en su apartado de disposiciones generales estima un gasto por 8 billones 299 mil 647 millones de pesos, y en éste no se especifica ni contiene un monto para la mudanza de las dependencias, por lo que los gastos para esta descentralización correrá por cuenta de cada secretaría, y por consiguiente cada trabajador deberá solucionar este problema y los gastos que implique, si es que aceptan cambiar de residencia.
PRESIONADOS.
El 23 de octubre del 2021 el secretario de Salud, Jorge Alcocer dijo en Palacio Nacional que de los 4,600 trabajadores de la dependencia a su cargo, en una encuesta realizada sobre la mudanza a sus nuevas instalaciones en Guerrero, sólo 944 burócratas, es decir, 20.5 por ciento estuvo de acuerdo en mudarse, por lo que comunicó que quienes no acepten irse podrán solicitar su cambio de adscripción para ser reubicados, sumarse al retiro voluntario o jubilarse de forma anticipada, lo que se tramitaría ante la Secretaría de Hacienda.
En el resto de las dependencias la situación es la misma, con la mayoría de empleados de oficina con la decisión de no dejar su actual residencia si el gobierno no los apoya, y es que entre los argumentos que han presentado a sus superiores está que muchos de ellos tienen vigente un crédito hipotecario y que se está amortizando conforme a sus percepciones salariales, lo que les impide mudarse, ya que difícilmente bajo esa condición les concedan otro crédito para una nueva vivienda en provincia.
Otro de los argumentos que han presentado trabajadores de estas dependencias es que hay matrimonios en los que ambos cónyuges trabajan en el gobierno en secretarías distintas, por lo que de aceptar dicho cambio en la dependencia para la que trabajan, esto se convertiría en causa de ruptura del vínculo familiar, algo en lo que el gobierno nunca pensó. En este mismo rango entran las trabajadoras que son madres solteras y que por cuestión de su trabajo dejan a sus hijos con familiares, por lo que de verse obligadas a aceptar esta mudanza de residencia y sin ayuda extra se enfrentarían a dejar a sus hijos con sus familiares, lo que implicaría una ruptura familiar, o en su defecto estarían obligadas a renunciar a sus trabajos por esta situación.
En el caso de los hijos, muchos de los servidores públicos tienen a varios de sus vástagos en distintos niveles de educación escolar, por lo que cambiar de residencia implicaría truncar ese esquema educativo al llegar a otro lugar sin conocer cómo es el sistema de enseñanza.
La 4T mantiene su política de austeridad Franciscana, pero para asuntos que no son de su interés, como en este caso el de la mudanza de las secretarías de Estado, ya que para sus proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas sigue echando la casa por la ventana, sin importar que con su proyecto de descentralización de dependencias obligue a rupturas familiares o lo que es peor, contribuir con un aumento en el desempleo, ya que estaría obligando a miles de trabajadores a renunciar, y es que para el proceso de mudanza los gastos correrían por cuenta de cada trabajador, tendrían que hacer la labor para conseguir casa, escuela, esto sin ningún centavo de apoyo por parte del gobierno federal.
DEPENDENCIAS QUE SE QUEDAN EN LA CDMX
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Secretaría de Marina (Semar)
Secretaría de Gobernación (Segob)
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
DEPENDENCIAS QUE YA TIENEN SEDE
Secretaría de Energía (SE), Tabasco
Secretaría de Salud (Ssa), Guerrero
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Sonora
Secretaría de Bienestar, Oaxaca
Secretaría de Cultura, Tlaxcala.
Secretaría de Educación Pública (SEP), Puebla (ya tiene sede, pero no está operando)
DEPENDENCIAS CON MUDANZA INCIERTA
Banobras, Morelos
Infonavit, Estado de México
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Michoacán
Ganadería, Jalisco
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Colima.
Comisión Nacional del Deporte (Conade), Aguascalientes
Secretaría de la Función Pública (SFP), Querétaro
Secretaría del Trabajo, Guanajuato
Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), Hidalgo
Diconsa, Zacatecas
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, San Luis Potosí
Secretaría de Economía, Nuevo León
Nacional Financiera (Nafin), Coahuila.
Comisión Forestal, Durango
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Nayarit
Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, Sinaloa
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Baja California Sur
INEGI, sin sede por definir
Del resto de dependencias no se ha dicho nada.