Por Guillermina Gómora
Brotan como hongos por todo el país los grupos de autodefensa o policías comunitarias, todos con la misma queja y justificación para integrarse: inseguridad. Fenómeno explicable, pero peligroso, pues se trata de civiles armados actuando al margen de la ley, suplantando las funciones del Estado, en materia de procuración e impartición de justicia. Su hartazgo e inconformidad es entendible, pues miles de ellos han sido víctimas del crimen organizado o de los representantes de la ley a través del peor cáncer: la corrupción. Sin embargo, la violencia sólo genera más violencia.
El gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta un gran reto luego del doble discurso con que se ha manejado este problema. Primero, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, les dio el espaldarazo, y ofreció mesas de diálogo a los encapuchados; días después, luego de reunirse con los dirigentes empresariales, afirmaba que estos grupos “deben desaparecer”, pues en el país no está aprobada esa figura y no hay justificación para que existan. Aunque advirtió que mantendrán los acercamientos con estas organizaciones y que hoy solamente tienen el aval de la autoridad los grupos con más de 15 años establecidos en algunas comunidades y que son coadyuvantes de la fuerza pública. Luego, entonces, ¿las legalizan o las desmovilizan? Porque de seguir así, a ver quién las para en un marco de ingobernabilidad, como es el caso Guerrero.
La situación es realmente preocupante. Los dueños del dinero que se habían mantenido al margen de la discusión se montaron en el tema y advirtieron que ante el surgimiento de grupos de seguridad comunitarios y recurrentes actos de violencia como la extorsión a grandes grupos comerciales en Tampico, Tamaulipas. y otras regiones del país, las inversiones podrían frenarse. Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), encabezó el encuentro con el titular de Segob ,en el Club de Industriales, al que le plantearon sus inquietudes y exigencia de que el gobierno tome cartas en el asunto, pues la seguridad es una de las responsabilidades principales de cualquier Estado.
Los generadores de riqueza y empleo no se anduvieron por las ramas con el mandamás de Bucareli. Cuentan los asistentes que el tono fue enérgico y de preocupación. Se entiende ahora por qué el cambio de postura y descobijada a los grupos de ciudadanos armados, por parte de Osorio, quien salió a decir que deben desaparecer, aunque nunca explicó cuándo y cómo.
La preocupación por la presencia de estos Fuenteovejuna, en ocho estados de la república: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Jalisco y el Estado de México, cruzó el Río Bravo, y Estados Unidos, a través de los investigadores de políticas públicas del The Brookings Institution, alerta sobre el riesgo de que se incremente la violencia por la proliferación de las policías civiles en México y considera vital que el actual gobierno federal se enfoque en el mejoramiento de las fuerzas policiales locales. También resalta la necesidad de incorporar los reclamos ciudadanos en el diseño de la lucha contra el crimen. En efecto, ignorar a los grupos de autodefensa y dejarlos a su libre albedrío es un agravio contra el Estado y se transforman en un peligro para la sociedad.
Pero mientras unos se preocupan y lanzan alertas rojas políticas, sociales y económicas, hay quienes proponen el reconocimiento de la policía comunitaria con la creación del Subsistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación para los Pueblos Indígenas de México. Sí, el senador perredista Sofío Ramírez Hernández sostiene que a través de esta opción se podría beneficiar a más de 11 millones de mexicanos de 50 pueblos indígenas y más de 36 mil localidades. Claro que para ello habría que reformar varios artículos de la Constitución Política y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El senador Ramírez Hernández sustenta su proyecto en datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública que estiman que el total de delitos cometidos en 2012 ascendió a más de un millón 800 mil, de los cuales el 92.7 por ciento son del fuero común y el 7.3 por ciento del fuero federal, y que ante este panorama adverso “el pueblo crea soluciones para combatir problemas como la pobreza e inseguridad provocada por el crimen organizado, como en el caso de Guerrero, que desde el 17 de octubre de 1995 conformó de manera pública la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”.
En el mismo tenor se encuentra el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien confía que en los próximos cinco meses las guardias comunitarias estén regularizadas mediante la capacitación y certificación que otorgue su administración para incorporar a la legalidad a los indígenas miembros de los grupos de autodefensa. Vallejo afirma que no se puede evitar el surgimiento de éstos y se debe apoyar para incorporarlos al camino de la ley. Luego, entonces, que no se queje de lo que pasa en Tierra Caliente, donde civiles desarmaron a policías, o la violencia sin control en el municipio de Cherán, donde impera la ley del Talión.
Así las cosas, urgen acciones concretas para evitar hechos de ingobernabilidad. México vive momentos críticos en materia de seguridad y justicia, no se descalifica el origen de estos grupos. Se trata de acciones desesperadas, pero éstas en el futuro llevarán a una condición de altísimo riesgo, de mayor confrontación nacional que puede salirse de control. La autoridad responsable tiene que conducir el proceso para que se quiten las capuchas y entreguen las armas. Es responsabilidad ineludible de los tres niveles de gobierno brindar seguridad efectiva a todos los mexicanos sin distingos.
Vericuentos
Pedaleo en el Pacto
Felices por el primer logro visible del esfuerzo partidista aglutinado en el Pacto por México, los líderes del PRD y del PAN advirtieron ayer la necesidad de avanzar más en los objetivos anticipados. El ocurrente Gustavo Madero equiparó el ritmo de trabajo al andar en bicicleta, en la cual no se debe perder la estabilidad. Jesús Zambrano secundó sus palabras al señalar que “aunque sea despacito hay que seguirle pedaleando”. Por lo pronto, a la vista está la reforma en telecomunicaciones. Veremos si les toca de subida o de bajada.
Educación, la clave
Por fin, luego de tanto amago se logró la reforma educativa. Viene ahora la creación de una ley secundaria que permita su viabilidad. Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, asegura que trabajará con las otras fuerzas políticas en la Cámara alta para aprobarla, pues considera que para lograr un auténtico cambio en el país, la educación es la vía más firme y se debe tener altura de miras acorde a los retos que México enfrenta.