a decisión de “militarizar” las 49 aduanas del país y que comenzó en el primer bimestre del 2019 con el despido de personal experimentado, más que controlar el acceso de contrabando, piratería y tráfico de mercancía ilegal de toda índole ha desatado las alarmas de organizaciones como las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), la organización International Chamber of Commerce México (ICC México), el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, la Canacintra y el Observatorio Nacional Ciudadano, entre otras, que ven una importante vulnerabilidad en las aduanas con este cambio, ya que estas tareas necesitan de personal con experiencia, con conocimiento de la operatividad del sistema y no solo a personal de seguridad sin idea y que comienza desde cero este aprendizaje.
Entre las funciones que eran competencia absoluta de personal civil en las aduanas y que han sido afectados con despidos, de los que se estima en 2,000 desempleados al final del sexenio se encuentran los puestos de jefes de turno, verificadores, moduladores, selección de vehículos para inspección, operadores de ingenios tecnológicos, manejo de dispositivos electrónicos, área legal, cobro de impuestos, trámites administrativos diversos, entre otros.
De acuerdo con especialistas en Comercio Exterior y aduanas, la idea de que estos centros fiscales pasaran a control de las Fuerzas Armadas se tomó de manera improvisada, sin un proyecto ni diagnóstico integral y todo con el argumento de que la corrupción en estos sitios debe erradicarse, pero para ello deben existir estudios y análisis previos bien definidos y estructurados, y no lanzar esquemas sin pies ni cabeza.
Muestra de la improvisación en este esquema es que desde diciembre de 2018 a la fecha, la Administración General de Aduanas ha tenido tres titulares, con las consecuencias que esto conlleva en materia de continuidad operativa y en implementación de proyectos. Ricardo Peralta fue designado para el cargo en diciembre de 2018 y lo dejó en junio de 2019, para que entrara al relevo Ricardo Ahued Bardahuil, quien también duró poco tiempo y dejó la administración general de aduanas en mayo de 2020, para dar paso a Horacio Duarte Olivares, quien aún sigue en el cargo.
En julio de 2020, Sergio Barajas, titular del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, (IMECE), que consideran que quien asuma una tarea que involucra el despacho de mercancías debe tener los conocimientos técnicos y de seguridad adecuados. Hay quienes llevamos décadas en esto y no acabamos de estudiarlo todo”.
En la misma línea se expresó Claus von Wobeser presidente de International Chamber of Commerce México (ICC México), quien estimó que con la militarización de aduanas «una cosa es que ayuden en temas de seguridad, pero que operen las aduanas puede ser preocupante, hay que dejarles el tema a los expertos, en aduanas hay mucha gente experimentada. Tomar el control puede ser peligroso, se requiere de muchos conocimientos, no es una labor tan sencilla», subrayó.
La Canacintra fue más allá y en los primeros días de este 2022 su presidente, José Antonio Centeno destacó que México encabeza el índice de delitos de contrabando y piratería en América Latina y el aumento del contrabando y la piratería se concentra principalmente en los productos importados, donde uno de cada tres productos importados son ilegales, lo cual demuestra que el país aún con la administración en sus aduanas con personal militar carece de estrategia para combatir el tráfico ilícito en el comercio exterior.
El funcionario de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación subraya que a pesar de la militarización ordenadas por el gobierno Federal en aduanas terrestres y marítimas los números indican que el creciente fenómeno del contrabando afecta directamente a la economía nacional y al sector productivo, y advierte que en el caso de la piratería y los bienes intangibles, 41 millones de mexicanos consumieron algún tipo de artículo clonado y gastaron un total de 20,000 millones de pesos en música, película, software y libros piratas, entre otro artículos, por lo que el cambio no ha dado algún resultado desde que en 2019 se puso en marcha y que continúa.
Por su parte, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que un resultado positivo con el nuevo esquema de administración de aduanas con su militarización se dará cuando exista la capacitación y la coordinación de los organismos institucionales para asegurar la facilitación y la legalidad en las operaciones de comercio exterior y que no se centre sólo en labores de seguridad, que es lo que actualmente ocurre.
En México existen 49 aduanas, de las cuales 21 son fronterizas, controladas ya por elementos del Ejército Mexicano, y 17 que son marítimas y bajo administración de personal de la Secretaría de Marina, en tanto que las 11 restantes son controladas en coordinación conjunta por ambas instituciones.
La orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de que mandos militares tomaran el control de estos centros de control fiscal en México no ha logrado contener el contrabando, piratería y paso ilegal de mercancía, ya que la ausencia de personal calificado y experimentado en el comercio exterior se ha visto afectado, toda vez que el perfil de los nuevos administradores está enfocado más a asuntos de seguridad que de administración y control de importaciones y exportaciones de mercancías.
Aunque el arribo de elementos de las Fuerzas Armadas en la administración aduanal comenzó entre enero y febrero del 2019, fue entre agosto y septiembre del 2020 cuando de manera oficial el Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Arganiz Díaz Leal tomó protesta a los elementos de la Semar y Sedena que ya ocupan en un 75 por ciento las direcciones generales de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), tomando de manera central el control de las cinco principales como son las de Nuevo Laredo, Tamaulipas (terrestre); Ciudad Juárez, Chihuahua (terrestre); Tijuana, Baja California (Terrestre); Veracruz (marítima) y de la Ciudad de México (aérea).
De acuerdo con información del portal estrategiaaduanera.mx, en México se llevaron a cabo en 2019 poco menos de 19 millones de operaciones de comercio exterior, es decir, se realizaron más de 51,000 operaciones diarias, y con la capacidad de revisión física al día con la que se cuenta se registró un promedio de entre 4 y 7 por ciento de las operaciones, lo que significa que de las 51,000 operaciones no se revisaron 48,500, o lo que es igual, se sometió a reconocimiento aduanero sólo 2,500 operaciones, lo que refleja la falta de personal para cumplir con esta labor titánica y a lo que se suma el personal que se sigue despidiendo desde 2019 y que va en aumento.
Sin tomar en cuenta estos problemas, la administración de aduanas por parte de las Fuerzas Armadas no ha logrado contener desde que tomó las riendas, el paso de mercancía ilegal que implica la revisión y supervisión en todos los cruces fronterizos vehiculares y peatonales y en aeropuertos, donde la probabilidad de identificar la comisión de algún ilícito aumenta.
Únicamente en el cruce vehicular entre Tijuana, en Baja California y la Ciudad de San Diego, en California (Estados Unidos), cada día se registra la salida de más de 50,000 vehículos y más de 25,000 peatones de sur a norte y viceversa, lo que sin duda complica la misión de una revisión rigurosa.
En julio de este 2022, la directora general de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Citlalli Navarro, dijo que para la plena operatividad de las 49 aduanas del país se requiere de 50 por ciento más personal, ya que con los 4,000 elementos en la actualidad es insuficiente, ya que se necesitan cubrir los vacíos existentes (con despidos y puestos no cubiertos por falta de presupuesto) faltan 2,000 personas para cumplir con las encomiendas.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no hay referencia alguna sobre el sistema aduanero ni se establece política gubernamental que ordene alguna continuidad sobre temas de comercio exterior y aduanas. Asimismo, se carece de inversión para renovación o mejoramiento de equipo e infraestructura, lo que refleja un olvido gubernamental para este sector, lo que se sustenta en la llamada política de austeridad.