El Estado de México, Nayarit, Morelos y Durango ocupan los primeros lugares con sobrecupo en sus centros penitenciarios, donde es evidente la falta de infraestructura efectiva para la estancia y convivencia entre los internos, revelan datos del Senado, del OADPRS y de la CNDH
El uso desmesurado de la pena privativa de libertad, el rezago judicial de los expedientes de gran parte de la población en reclusión, lo que representa más del 50 por ciento de casos en los que no hay procesados, así como la fijación de penas largas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares o de libertades anticipadas, son algunos de los factores que contribuyen a la sobrepoblación en los 288 penales que hay en México, siendo en 135 de éstos donde más se registra el sobrecupo
De acuerdo con un reporte de abril pasado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en el país hay una sobrepoblación de 13,641 personas privadas de la libertad, lo que equivale a un 47.3 por ciento de la capacidad permitida.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que la sobrepoblación penitenciaria ha provocado el surgimiento de problemas que afectan la atención en los penales del país el déficit de espacios humanamente habitables, el hacinamiento, la falta de control e ingobernabilidad por la inequidad en penales con menor capacidad, vigilancia deficiente por parte del personal de custodia, insuficiencia de servicios básicos y falta de oportunidades en talleres de los penales para para lograr una pronta reinserción social efectiva.
En este contexto, la OADPRS revela en su reporte que de los 231 mil 907 internos que cumplen alguna sentencia o cuyos procesos están detenidos, no cuentan con espacio efectivo para cumplir su condena o estancia temporal, es decir, es un 5,8 por ciento de esta población la que enfrenta problemas de infraestructura suficiente.
Sobre este punto, un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y publicado en febrero pasado y titulado “La reinserción social. Propuestas de la LXV Legislatura”, revela que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, “la población privada de la libertad en México en ese año fue de 220.5 mil personas, de las cuales el 94.3 por ciento eran hombres y 5.7 por ciento mujeres.
El análisis del Senado refiere que en los penales, sobre todo los estatales, no se cumple con la infraestructura suficiente para destinar espacio para la población que cumple alguna sentencia, ya que tan solo en el año 2021 se estimaba que el 46.4 por ciento de los internos a nivel nacional compartió su celda con más de cinco personas y el 8.1 por ciento de la población tuvo que dormir en camas compartidas, lo que impide la privacidad, incluso, en el tiempo de descanso.
La investigación del Instituto Belisario Domínguez subraya que en los centros penitenciarios en México hay una fuerte carencia de infraestructura digna para vivir y convivir, además de que hacen falta programas de capacitación laboral o educativa, de salud mental o una planeación adecuada para que las personas privadas de la libertad puedan tener herramientas que las fortalezcan al momento de salir de prisión.
Con los datos del 2021 y actualizados en 2023 por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social queda en evidencia que la sobrepoblación en los penales del país sigue en aumento sin que hasta el momento se haya hecho algo para tratar de controlar esta situación, lo que queda expuesto con sobrecupo en penales estatales.
De acuerdo con las cifras del OADPRS, por estados, el Estado de México presenta a sobrepoblación del 146.08 por ciento en sus 23 centros penitenciarios; le sigue Nayarit con un sobrecupo del 113.73 por ciento; Morelos ocupa el tercer lugar con el 87.59 por ciento más de la capacidad que tienen sus penales; Durango ocupa el cuarto sitio con 71.59 por ciento de sobrepoblación y Coahuila con 53.27 por ciento.