Instituto Electoral del Estado de México

Senadores del PAN alistan una solicitud contra el exministro de Corte ante la Cámara de Diputados, para que enfrente a la justicia

Por violar la autonomía del Poder Judicial y actuar por intereses personales o para beneficiar a terceros e ignorar la ley, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se enfrentaría a un juicio político que ya alistan senadores del Partido Acción Nacional (PAN), que señalan al exfuncionario de encabezar una presunta “red de coacción” y “extorsión”.

La senadora avaló la denuncia que ha derivado en este escándalo del exministro, cuya reputación está contra la pared y estimó que esta “denuncia (es) legítima (ya) que muestra una red de coacción a jueces y magistrados. Esta red de extorsión y de intimidación busca beneficiar al gobierno de López Obrador”.

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de Acción Nacional en la Cámara Alta, comunicó en conferencia de prensa que presentarán la solicitud ante la Cámara de Diputados por considerar que Arturo Zaldívar “debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República (y responder a intereses de López obrador) antes que los intereses del pueblo de México”.

La legisladora subrayó que “si bien el Consejo de la Judicatura está realizando una investigación, el Poder Legislativo debe hacerlo propio y fijar las responsabilidades políticas a que haya lugar”, apuntó Kenia López al insistir en que “presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Zaldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal” para sacar provecho propio y para complacer actos vengativos de terceros.

Sin desviarse del tema, la senadora subrayó que Zaldívar Lelo de Larrea aún puede ser sujeto a investigación por parte del Congreso, toda vez que el  artículo 114 de la Constitución, destaca que estas investigaciones se pueden iniciar dentro del año siguiente a que un funcionario ha dejado su cargo.

El exministro, de ser encontrado responsable y culpable de los denuncias en su contra, será inhabilitado para ocupar cualquier cargo o comisión.