Compelida por el Instituto Federal de Acceso a la Información la secretaría de Relaciones Exteriores se vio obligada, a regañadientes, a revelar la carta con la cual el gobierno mexicano se alía con Ernesto Zedillo, un ex presidente exiliado en los Estados Unidos por su propia voluntad y pide –quien sabe a cambió de cuáles favores futuros–, inmunidad para un hombre desvinculado del país desde hace una docena de años y cuya condición de estadista tiene cualquier cosa menos vigencia.
Perturbada su tranquilidad académica y con grave desdoro para el desempeño de sus varios empleos al servicio de empresas extranjeras, el señor Ernesto Zedillo, responsable del área de la globalización en la Universidad de Yale, se topó hace unos meses con una ingrata novedad: un grupo anónimo (y por eso sospechoso) de personas afectadas por la violencia de Acteal lo demandó económica y abundantemente por un rosario de culpas y pecados entre la omisión y el disimulo; la tolerancia y la complicidad.
Como se sabe en septiembre de 2011, “un grupo de 10 presuntas víctimas de la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre de 1997, durante la gestión de Zedillo, presentaron en Estados Unidos una demanda en contra del ex presidente para reclamar el pago de 50 millones de pesos (Apro)”.
La vía jurídica fue abordada y patrocinada por el despacho de Jonathan Friedman y Thalia Towsend, con una solución sumamente ingeniosa, pero compleja pues su logro dependía de la voluntad de dos gobiernos: convertir la demanda contra una persona en un intento de intervención en la soberanía de un Estado. Con base en esa argumentación de fondo, sustentaron el derecho a la inmunidad.
Y así, sacaron a Zedillo del atolladero.
Pero no probaron su inocencia. Lo protegieron para no ser juzgado. Y ambas cosas son distintas. La inmunidad evita un juicio; el juicio prueba una inocencia… o una culpabilidad.
Pero el asunto tiene otro matiz. Una caja dentro de otra caja la cual a su vez guarda una más pequeña.
Si bien Zedillo no representa al PRI sino a la concesión favorecedora para sacar al Revolucionario Institucional del poder, las siglas son las siglas. Y cuando ese partido ha vuelto, y sobre el presidente Felipe Calderón se ciernen amenazas hasta ahora mal planteadas ante el Tribunal Internacional, pero con posibilidades de crecimiento en el futuro, los favores de hoy podrán ser los servicios de mañana.
Por eso Zedillo promovió con el gobierno de Estados Unidos un arreglo binacional. México aceptó el recurso y los americanos también. Todo fue en el lobby. Algunos le llamarán subterfugio.
El IFAI dio a conocer la carta cuyo contenido se había reservado por dos sexenios y terminó en la clasificación restringida a los escasos tres meses por presiones de los medios.
La nota diplomática, firmada por el embajador en Washington, Arturo Sarukhan se inicia como es habitual en ese tipo de documentos con una descripción del caso: “en nombre de mi gobierno tengo el honor de referirme al caso Doe et al v. Zedillo Ponce de León”.
Sarukhan expone “el rechazo de mi gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional en los que presuntamente intervino el (ex) Presidente de la República en su capacidad oficial…cualquier acto realizado por el ex presidente Ernesto Zedillo respecto a los actos señalados en la demanda que dio origen al caso de antecedentes, se llevó a cabo en el curso de su función oficial como jefe de Estado y por lo tanto, de pronunciarse en algún sentido, la corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del gobierno de México realizadas dentro de su propio territorio…
“…un proceso como el que se pretende sustanciar en contra del Ex Presidente de México afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales en respuesta a los acontecimientos ocurridos en la localidad de Acteal, Chiapas en diciembre de 1997, hechos que el Gobierno en turno condenó enérgicamente, abocándose de inmediato a la investigación y presentación de los responsables ante las instancias de procuración de justicia.
En los anexos, “Memorandum of Points”, el gobierno mexicano afirma:
“…los Estados Unidos ya han honrado el derecho internacional y la relación recíproca bilateral entre Estados Unidos y México haciendo una sugerencia de inmunidad para un presidente de México, en este caso Miguel de la Madrid, quien, señala el documento, enfrentó una demanda por conspiración para privar a los demandantes de los derechos constitucionales”.
Pero no es eso todo, pone otro ejemplo cuando se quiso actuar contra un ex presidente de Ruanda (ahí ocurrió un genocidio con casi un millón de muertos entre tutsis y hutus).
El ex presidente Ernesto Zedillo –por su parte—repitió el guión preparado desde el inicio de las acusaciones cuyo contenido, justo es decirlo, no tenía sustento para convencer a nadie. Más parecía una pesca de dólares promovida por abogados fulleros.
Así lo explicó el ex presidente según el diario Yale Daily News de Connecticut.
“En un correo electrónico enviado al diario Yale Daily News (SE) que se edita en Connecticut, Estados Unidos –la misma ciudad donde una Corte federal desahoga un juicio en su contra por el crimen de 45 indígenas tzotziles registrada 22 de diciembre de 1997–, el ex mandatario, que el pasado fin de semana recibió la noticia de que el Departamento de Estado decidió otorgarle la inmunidad en este caso, aplaudió la decisión del gobierno estadunidense que lo libra así del pago de 50 millones de dólares que reclaman los 10 indígenas supuestamente agraviados, cuya identidad se mantuvo y se mantiene en secreto.
“En declaraciones por separado, el defensor del ex presidente mexicano, Jonathan Freiman, también se mostró complacido por la recomendación y de igual manera calificó la acusación como “calumnias”.
Mientras tanto el gobierno de México bordó el encaje de bolita: México no considera que una ley estadunidense deba, o pueda, otorgar jurisdicción a los tribunales de dicho país para conocer demandas civiles por hechos cometidos fuera de Estados Unidos y en los que no participan ciudadanos estadounidenses… la inmunidad de jefes de Estado (ahora de ex jefes de Estado) ante tribunales extranjeros por hechos en que se alegue su participación en carácter oficial, se fundamenta en la costumbre internacional, a fin de asegurar el respeto a la igualdad soberana de los Estados”.
Y a otra cosa, butterfly.
Sin embargo quedan los datos del Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé. No son la verdad absoluta, pero siguen presentando las cosas de manera irrebatible al menos para el gobierno de aquel tiempo:
“Contrariamente a la versión oficial de que el Estado Mexicano no tuvo responsabilidad alguna en los hechos de Acteal -reduciendo su argumento en la existencia de meros conflictos intercomunitarios-, lo cierto es que esta brutal matanza se inscribió en un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno federal en Chiapas.
“El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (CDHFBC), ha definido la masacre como la ocurrencia de privaciones arbitrarias de la vida, perpetradas en contra de varias personas, por lo general indefensas, realizada en un mismo lugar y en un mismo momento, producida por ataque armado o cualquier otro medio.
“En 1995, a un año de iniciado el levantamiento indígena, el presidente Ernesto Zedillo recién arribado al poder, inaugura una nueva etapa en el conflicto armado en Chiapas. Mientras se establecían las bases para la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal aprobándose la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz
Digna en Chiapas, el Ejército mexicano iniciaba una ofensiva contrainsurgente avalada por el presidente de la República”.
EPISTOLAS (¿O PISTOLAS?)
Durante el gobierno de Felipe Calderón dos cartas incendiarias, cada una en su momento, fueron filtradas a los medio. Son dos retratos descarnados. Uno hecho por Carlos Castillo Peraza y otro por Javier Corral.
La primera misiva describe –entre otras muchas cosas– una personalidad intratable:
“…Tu naturaleza, tu temperamento es ser desconfiado hasta de tu sombra. Si te dejas llevar por ése, entonces no te asustes de no contar ni con tu sombra: ella misma se dará cuenta que es sombra, pero que no es tuya; será sombra para sí, no contigo, no tuya…”
La segunda, más virulenta y al parecer más compartida desde su redacción, acusa:
“…Innegable es tu forma de tratar a los panistas, perdiste todo sentido de civilidad política. La falta de respeto a varios compañeros y a tus propios colaboradores, una rudeza innecesaria a quienes disienten de tus opiniones. ¿Y qué has logrado?: renuncias de Secretarios de Estado, expulsiones del partido, miembros que hicieron campaña no contra el PAN sino en despecho de ti. Las peores críticas a tu carácter, por cierto, la he oído en voz baja, en murmullos, de gente muy cercana a ti. Esa es la verdad inocultable…”
