–“Mire usted esta belleza”.
El grande embajador Rafael de la Colina con su tono agudo y nasal ironizaba mientras caminábamos por el patio central de la Organización de Estados Americanos en Washington. Apuntaba con un dedo sarmentoso el balancín de un papagayo.
–“Así nos ven, como un países de guacamayas. Pero en fin… ya les trajimos estas aves a la OEA…” y reía.
Hoy la OEA ya no es nada más patio de pajarracos de colorido plumaje cuya alharaca llenaba la tarde junto al Potomac. Hoy es la de la casa de la conciencia, gracias a la industrialización política de los Derechos Humanos y al uso interno de la herramienta internacional para presionar y limitar los poderes nacionales en un doble sentido: de dentro hacia afuera y del exterior hacia el interior .
En el nombre de los Derechos Humanos (especialmente cuando se entienden a la manera de la Comisión Interamericana) los gobiernos dejan de gobernar (o gobiernan arbitrados por los apéndices) y las autoridades legalmente constituida se miran desplazadas por otros “mandatarios”.
Ufanos y altivos, arropados por la consagrada inmunidad de sus cargos los ”expertos” destacados para formar una múltiple y diversa Comisión Independiente en el Caso Iguala, anuncian, con el beneplácito del arrinconado gobierno mexicano, la extensión de su ”mandato” (en algún oscuro rincón del inconsciente se alojó la palabra mandato, cuando se debió decir asesoría).
Mientras los sabios, los peritos de toda pericia, los expertos de toda experiencia actúan con el escudo de los DH, los opositores políticos declarados del gobierno, se suman al coro de crear una fiscalía internacional cuya sola propuesta anula de plano la utilidad real del trabajo previo.
–No nos dejen solos, dijo una quejumbrosa Juana de Arco en el Senado de la República mientras entornaba los ojos al cielo americano.
Sin embargo y a pesar de las repercusiones mediáticas y políticas, el trabajo de los “expertos” y su costosa indagatoria, no ha servido para decirnos cómo ocurrieron las cosas, sino para descalificar una investigación abierta y no concluida. Nos han dicho: esto no fue así, pero no han logrado decir cómo fue.
–Los investigadores piden investigar. ¿Te lo cuento otra vez?
El gobierno mexicano, puesto contra las cuerdas por una opinión publicada con notable sesgo e intención, ha puesto en la cárcel a más de cien personas, algunas de las cuales ya se acogen al infalible expediente de haber sido torturadas para arrancarles confesiones a modo, con lo cual el círculo vicioso se amplía.
Los detenidos se convierten en víctimas y la investigación se desvirtúa en favor de una prolongación de pesquisas de aquí a la eternidad, como decía aquella hermosa película en cuyo título se cifra el infinito del amor. Pero estos no son asuntos de amor, sino de política. De alta política.
La nueva conformación del poder en el mundo globalizado nos obliga en cierto modo a agradecer las intervenciones extranjeras. La economía de Grecia se corrige desde Berlín ( si eso fuera corregir); la legalidad y la justicia de Guatemala se decide por la ONU y los desaparecidos de Iguala son asunto de la OEA en obligada coordinación con el gobierno mexicano cuya actitud diplomático-judicial es altamente flexible y adaptable.
Por eso la procuradora Arely Gómez le dice sí a todo.
Sí al informe de la CNDH en el cual se señala una treintena de omisiones, imprecisiones y errores en la obra de su predecesor; sí al informe de los expertos extranjeros; sí a la ampliación de su mandato (¿?); cómo no, cuando los senadores analizan la petición de una fiscalía internacional y así hasta la eternidad en el infinito trabajo de crear comisiones, grupos, “colectivos”, asociaciones, cuya utilidad a fin de cuentas jamás servirá para esclarecer a fondo y definitivamente los hechos y presentar a los responsables de ellos, pero sí para mantener viva la materia de una actividad política con muchas derivaciones incluso electorales.
Lo demás, es lo de menos. Como en aquel vespertino patio de guacamayas en la OEA.
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Pero por lo demás deberíamos estar agradecidos con la OEA y la globalización política. Nos permitiría, bien entendida, ahorrarnos el gasto del gobierno. No tiene sentido un oneroso sistema para la gobernanza cuando a fin de cuentas son otros quienes mandan.
Podríamos desmantelar la PGR y dejar al arbitrio de la OEA todo el aparato de procuración justiciera. No tiene caso una fiscalía nacional cuya labor se ve constantemente descalificada. Sería mejor darles a ellos la responsabilidad constitucional, pagarles “por fuera” (como ahora) y pedirle a la simbólica nueva PGR una labor de calificación de cuanto hagan los foráneos. Cambiar los papeles, pues.
Lo mismo se podría hacer con el sistema electoral: no tiene sentido legitimar los cargos públicos mediante elecciones democráticas, si cualquiera les impone ofendas y sustituye en la vía de los hechos a los funcionarios del gobierno. Descalificados se vuelven rehenes y a veces esclavos de dictámenes ajenos.
Si ya las autoridades hacendarias y del Banco de México no son sino obedientes operadores de los dictados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, perfectamente se puede reducir el gobierno hasta convertirlo en una entidad simbólica cuya función sea meramente administrativa de los residuos de una estructura asentada en el ya casi desaparecido concepto del Estado.
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Ya son demasiados campos en los cuales el “Estado”, no “está” o esta desvanecido, atribulado ausente, inoperante, atrapado, arrinconado y descalificado. ¿Todo en beneficio de quién, a fin de cuentas?, de un sistema neoliberal cuyos resultados planetarios son absolutamente inadmisibles.
Si en lo económico provenimos del “Consenso de Washington”, en lo social y lo político nos regimos por “la conciencia de Washington”.
Ideológicamente el Estado se ha anegado en las aguas del pragmatismo concentrador, capitalista a ultranza y sometido en todos los flancos.
Y cuando en medio de ese deshilachamiento el Estado funciona mal por su propia incapacidad o porque su estructura misma no se ajusta a las verdades previas (como ocurrió con Murillo Karam en Iguala) y entonces se comprueba la tesis prefabricada.
Se refuta todo y se inicia el camino de regreso. Se le exige a quien se ha descalificado, una nueva ruta pero esta vez bajo los dictados de los “expertos” y sus promotores.
La justicia como maquila; los organismos sociales internos y externos, como inspectores de la calidad.
A eso le he llamado la espiral de las verdades, cuya volatilidad la exhibe, bifronte, como la espiral de las mentiras, así las buenas conciencias les adjudiquen a sus representantes ( y sólo a ellos) el compromiso con la certeza.
Cualquiera miente menos los consagrados por la verdad “internacional”. Ellos son ciertos, sinceros, infalibles, puros y están por encima de las humanas pasiones.
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Otro tanto ocurre, en el caso de Narvarte, en la ciudad de México. Paso a paso la versión “correcta” se viene abajo. Un asunto de drogas (como al parecer había también en Iguala y la cacería de los autobuses robados en alguno de los cuales se ocultaba una fortuna en heroína) se quiso hacer ver como una encarnizada labor veracruzana contra la libertad de expresión o la libertad a secas.
Pero cada día se aclara el perfil de los protagonistas y para no calificarlos con las palabras exactas, especialmente a una de las mujeres cuya alma ojalá descanse como no pudo hacerlo su cuerpo vejado y rotos, valdría alejar el asunto de los terrenos de la política.
Fue un abominable caso de cinco homicidios. Cinco personas alevemente asesinadas para cuyos autores se exige todo el castigo legal posible.
Y punto.
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*MANDATO (RAE).- Orden o precepto que el superior da a los súbditos (entre otras muchas acepciones). Y uno se pregunta, ¿son los señores de la CIEI, superiores a las autoridades mexicanas? ¿Ya somos súbditos de un grupo de “expertos”?
